RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Las víctimas de fraude, corrupción y delitos financieros muchas veces tendrán que enfrentar problemas multijurisdiccionales y de carácter fluido. Aquellos que se han enriquecido de las ganancias monetarias del fraude, la corrupción o del robo frecuentemente irán a grandes extremos para ocultarlas. Diferentes estructuras financieras, corporativas y tributarias permiten que los malhechores oculten su titularidad final como beneficiarios o que transfieran sus ganancias ilícitas a una jurisdicción diferente en cosa de minutos. Luchar contra individuos con grandes recursos y sus facilitadores para recuperar activos y pérdidas requiere de un alto nivel de experiencia que pocos pueden ofrecer, un conocimiento de varios sistemas legales que no muchos abogados poseen, y una inquebrantable dedicación y compromiso que pocos están dispuestos a mantener.

Una recuperación de activos exitosa requiere también de utilizar métodos innovadores y de mucho ingenio. Sequor Law ha sido pionera en implementar el concepto de «recuperación por valor» en comparación a la noción más restrictiva de la recuperación de activos basada en el congelamiento y la recuperación de bienes tangibles, tales como fondos en cuentas bancarias, bienes inmuebles o vehículos u obras de arte costosos. Nuestra definición de recuperación de activos es mucho más amplia y busca oportunidades para que las víctimas de fraude, corrupción y delitos financieros recuperen todo lo perdido al identificar no solo los bienes tradicionales, sino que también la posibilidad de responsabilizar a los instigadores, cómplices y facilitadores mediante acciones legales contra estos terceros. En otras ocasiones, el activo a ser recuperado puede ser un reclamo valioso (como un derecho oponible a terceros) o ahorros que emanan de un contrato que han sido declarados como productos de fraude o corrupción y han sido cancelados. Y aún en otros contextos, la recuperación de activos puede involucrar el ejercicio de la restitución de derechos en una acción penal, la reapertura de un acuerdo de disolución del vínculo matrimonial o el cumplimiento de una sentencia antes abandonada por considerarse un callejón sin salida.

Los abogados y profesionales de Sequor Law son reconocidos a nivel mundial por su liderazgo desarrollando esta área de práctica y continúan ganando reconocimientos por crear nuevas leyes en relación a la recuperación de activos en donde no existían. Entre otros reconocimientos, Sequor Law fue nombrada “Firma del Año en Recuperación de Activos” en el 2015 y 2016 por la publicación Who’s Who Legal y el líder del grupo de esta práctica, Edward H. Davis, Jr., fue el primer abogado nombrado como el “Abogado de Recuperación de Activos del Año” en el 2013 y reconocido de nuevo en el 2014, 2015 y 2016. En Sequor Law, usted encontrará un equipo dedicado con amplia experiencia en jurisdicciones tanto de derecho común como de derecho civil, incluyendo jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales y financieros.  El equipo de recuperación de activos se enfoca en llegar hasta el círculo íntimo de los malhechores, usando herramientas poderosas como órdenes de congelamiento de activos y otros recursos antes de llegar a una sentencia, los cuales son métodos discretos pero calculados para descubrir los bienes ocultos y la información sobre los beneficiarios con titularidad; además de soluciones en casos de insolvencia y demandas directas en contra de los malhechores y los terceros involucrados que han facilitado los delitos. Sequor Law ha abierto el camino en la utilización de métodos  antes de iniciar una demanda, tales como el versátil estatuto 28 U.S.C. § 1782 para recolectar evidencia que pueda ser usada en procedimientos extranjeros y, en el ámbito de insolvencias transfronterizas, utilizando el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos.

No existe un planteamiento único al trabajo de recuperación de activos. Sequor Law está comprometida a encontrar la solución para su caso y a la búsqueda incesante de la justicia a nivel mundial.

CASOS REPRESENTATIVOS

Haga clic en el símbolo “+” para ampliar y ver nuestros casos representativos:

El segundo esquema Ponzi más grande en la historia del mundo

Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. («SIB») (en Liquidación). SIB, un banco localizado en Antigua, el cual primordialmente vendía certificados de depósito, jugó un papel clave en un esquema Ponzi a nivel mundial, el segundo más grande en la historia, perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas para los depositantes estimadas en más de US$4.4 mil millones. SIB fue liquidado en marzo 2009 y desde el 12 de mayo, 2011, cuando los Sres. Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton fueron nombrados Liquidadores Conjuntos del patrimonio de SIB en el procedimiento de liquidación en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor jurídico general a la par de los asesores en el Caribe representando a los Liquidadores Conjuntos en sus esfuerzos de recuperación de activos a nivel mundial, que han incluido ayudar a que el patrimonio: (a) recupere US$3.2 millones localizados en Panamá; (b) recupere US$20 millones localizados en el Reino Unido; (c) ejecute el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valorados en US$212 millones; (d) inicie el proceso formal de demandas; (e) inicie demandas relacionadas a aproximadamente US$330 millones en activos congelados a petición del Departamento de Justicia de EE.UU. en Canadá, Suiza y el Reino Unido; (f) presente una demanda por daños y perjuicios valorada en aproximadamente US$5 mil millones en contra de un banco en Canadá; e (g) inicie esfuerzos para recuperar una cantidad considerable de fondos localizados en Colombia, de firmas legales y otras instituciones financieras, entre otras acciones. Sequor Law también inició una petición para el reconocimiento bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos a nombre de los Liquidadores Conjuntos en Dallas, Texas, la cual fue aprobada, reconociendo el procedimiento en Antigua como un procedimiento extranjero secundario y, recientemente, ayudó al Administrador Judicial de los EE.UU., al SEC, al Departamento de Justicia de EE.UU., junto con los Liquidadores Conjuntos y otros, para llegar a un acuerdo general y crear un protocolo transfronterizo.

Reconocimiento y ejecución en el Reino Unido de una orden de congelamiento a nivel mundial

Representa a Novoship (Reino Unido) y otras entidades como parte de un conglomerado naviero, que en última instancia es propiedad del Gobierno ruso, en una ejecución de sentencia y su domiciliación en el estado de Florida. En diciembre 2012 y enero 2013, Novoship obtuvo dos sentencias, por un total de aproximadamente US$98 millones (con intereses y costos) del Tribunal Supremo de Justicia en Inglaterra. Las sentencias fueron dictadas en contra de un ciudadano Venezolano y sus empresas por actos fraudulentos relacionados a ciertos contratos de fletamento. A pesar de que las partes llegaron a un acuerdo en el 2013 por US$40 millones, los deudores de la sentencia violaron el acuerdo y Novoship requirió hacer cumplir la cantidad total de las sentencias. Novoship solicitó y obtuvo una medida cautelar de congelamiento del Tribunal inglés para congelar los activos de los deudores de la sentencia, por un monto de hasta US$98 millones, a nivel mundial. Dentro de las 24 horas siguientes, Sequor Law pidió y obtuvo reconocimiento de la medida cautelar de congelamiento inglesa y pudo congelar activos e iniciar el proceso de descubrimiento antes de obtener el reconocimiento completo de las sentencias inglesas en Florida. Además, después de un proceso de descubrimiento exhaustivo por medio de citaciones, varias declaraciones y la presentación de mociones relacionadas al descubrimiento, Sequor Law descubrió y congeló aproximadamente US$3.5 millones en fondos depositados en bancos locales y, adicionalmente, alrededor de US$1.5 millones en bienes inmobiliarios localizados en el estado de Florida. Sequor Law defendió exitosamente una moción que intentaba anular la orden del tribunal de Florida que reconocía y hacía cumplir la medida cautelar de congelamiento inglesa. Después de una acción legal coordinada en Florida, Suiza y Londres, los deudores de la sentencia dieron el pago total de los US$40 millones del acuerdo.

Ejecución de sentencia en contra de un gobierno soberano en un caso relacionado al incumplimiento del pago de bonos

Desde el 2008, hemos representado a dos de los principales acreedores de la República de Argentina buscando el cobro de más de US$1,000 millones en sentencias dictadas en el estado de Florida. Como consecuencia del incumplimiento en 2001 de la República de Argentina del pago de miles de millones de dólares en bonos que emitió, miles de los titulares de bonos alrededor del mundo fueron afectados drásticamente. Trabajando con los asesores jurídicos de nuestros clientes en Nueva York, solicitamos la recolección de activos localizados en Florida, incluyendo en las oficinas de Miami del Banco de la Nación de Argentina, un banco argentino, 100% propiedad del gobierno de Argentina.

Representación de un grupo compuesto por más de 2,000 víctimas de fraude en el Caribe

Representó a un grupo de 2,232 víctimas del fraude de Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y en las Bahamas para recuperar US$14.4 millones. En este caso, los estafadores, quienes fueron encontrados culpables y sentenciados a varios años en prisión por su fraude a principios de los 2000, usaron a Leadenhall Bank & Trust en las Bahamas para lavar una parte de las ganancias de su fraude. Leadenhall entró en liquidación y fue demandado por las víctimas ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en Miami en el 2003. Esto conllevó a una sentencia monetaria final por un total de US$313 millones en septiembre 2007 dictada por el Tribunal de Distrito. La ejecución de dicha sentencia ha resultado en una recuperación de US$14.4 millones, con otros US$7 millones que serán distribuidos a la clase en los siguientes 12 meses aproximadamente.

Enjuiciamiento de procedimientos suplementarios a la sentencia

Representó a Robert J. Lodge y Robert K. Orr en contra de SunTrust Bank. Sequor Law representó a un acreedor que intentaba cobrar una sentencia multimillonaria en contra de un grupo influyente de demandados. Después de obtener exitosamente una orden en los procedimientos suplementarios para auxiliar la ejecución y el proceso de descubrimiento extenso, y luego de la toma de declaraciones de varios individuos, se logró un acuerdo favorable en el que se recuperaron fondos considerables por el sucesor en interés del acreedor de la sentencia.

Utilización de tratados internacionales y demandas legales en EE.UU.

Representamos a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en sus esfuerzos para recuperar pérdidas considerables en productos que fueron obtenidos de la empresa mediante fraude y engaño. El cliente institucional colombiano estaba a punto de abandonar la idea de recuperar sus pérdidas cuando su aseguradora se negó a cubrirlas, pero en ese momento decidió buscar la ayuda de nuestra firma. Utilizando tratados internacionales y leyes domésticas de EE.UU., los abogados de Sequor Law pudieron identificar los productos y procesar a los demandados en Estados Unidos hasta conseguir un acuerdo exitoso.

Representación al Perú en caso de cleptocracia en contra del ex-jefe del estado

Representó al Gobierno del Perú en una acción presentada en Miami, Florida en la que el demandante solicitó embargar el avión en el cual el Presidente del Perú estaría viajando a los Estados Unidos como garantía de los procedimientos presentados en dicho país. Sequor Law utilizó simultáneamente los argumentos de defensa que existieron notificaciones insuficientes de los actos procesales bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés), falta de jurisdicción personal y falta de declaración del reclamo, entre otros. Sequor Law también argumentó a favor del Perú, objetando que Perú era inmune al embargo de bienes o demandas según la FSIA. Finalmente, el tribunal afirmó que el avión en el que el Presidente peruano viajaba no podía ser embargado, ya que era «equipo militar» y el presidente es el «Comandante en Jefe» del ejército de Perú bajo la FSIA.

Representación del Gobierno francés debido a su instrumentalidad en un caso de recuperación de activos

Representó a Creances, S.A.S., (“CDR”), como el sucesor de la Societe de Banque Occidentale (“SDBO”) y al Gobierno de la República de Francia, acusados de obtener valores de activos de instituciones financieras francesas insolventes. La materia de la disputa fue un fraude llevado a cabo por un prestamista a favor del cual un préstamo en la cantidad de aproximadamente US$100 millones había sido emitido que finalmente llevó a la venta de la propiedad que garantizaba el préstamo sin cancelar el préstamo. Sequor Law contribuyó al desarrollo de la estrategia que finalmente logró la recuperación de millones de dólares en propiedades inmobiliarias.

Representación del Gobierno de Trinidad y Tobago en un caso de corrupción y licitación fraudulenta

Representa a la República de Trinidad y Tobago en casos relacionados con fraude y corrupción en varias jurisdicciones incluyendo Florida, Liechtenstein, las Bahamas, Panamá y Suiza. Estos casos involucraron coordinación extensa con las autoridades gubernamentales en varias jurisdicciones, ayuda con la redacción de peticiones del tratado de asistencia judicial recíproca (MLAT, por sus siglas en inglés) en varias jurisdicciones en concordancia con nuestros clientes y asistencia para apoyar procedimientos de extradición. Estos casos resultaron en el congelamiento, la recuperación y la repatriación de activos del gobierno víctima por más de US$5 millones, acuerdos extrajudiciales por daños y perjuicios reclamados por más de US$5 millones y ahorros de más de US$30 millones al invalidar un contrato fraudulento. Este caso también involucró un importante desarrollo de capacidades con las autoridades relevantes en Trinidad.

Representación del Banco Central del Caribe en un fraude de la industria aseguradora

Representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de una estrategia legal para la recuperación de activos a nombre del Banco Central de Trinidad y Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO.

Recuperación de activos debido a actos de corrupción a nombre de Antigua y Barbuda

Representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un caso de corrupción del gobierno en varias jurisdicciones incluyendo: Florida, Bermudas, Hong Kong, Suiza, Isla de Man y en las Islas Caimán.  El caso civil resultó en el congelamiento, la recuperación y la repatriación de activos robados del gobierno víctima, la repatriación de US$12 millones al cliente y la cancelación de un contrato fraudulento que le ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros.

Caso de cleptocracia para la República de Haití

Participación como parte de un equipo mundial para brindar asesoría legal a la República de Haití con respecto a la recuperación de activos en contra del régimen de Duvalier.

Asesoría legal a la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Participación como parte de un equipo mundial para brindar asesoría legal a la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conexión a reclamos de corrupción y otros actos indebidos relacionados al ex-presidente y la administración anterior en Guatemala.

: Primer caso del Capítulo 15 de insolvencia transfronteriza en Florida, involucrando a un grupo bancario Centroamericano

Representa al Banco Internacional Bancafé (en Liquidación) («BIB»). En o alrededor de 2006, uno de los grupos bancarios principales en Centroamérica, Banco Cafeteros de Guatemala («Bancafé»), el cual tenía operaciones en Centroamérica y el Caribe, se declaró en quiebra. BIB, una afiliada de Bancafé fue establecida según las leyes de Barbados con grandes operaciones en Guatemala y activos en Estados Unidos fue declarada en bancarrota en Barbados. PricewaterhouseCoopers fue nombrado como custodio. Los activos del banco en Estados Unidos incluían un reclamo por US$200 millones en la bancarrota de REFCO en Nueva York, la cual ha resultado en una recuperación de activos de más de US$54 millones. En diciembre 2006, Sequor Law, actuando en representación del custodio, presentó el primer caso del Capítulo 15 en Florida bajo el Código de Bancarrota de Estados Unidos, logrando el reconocimiento del procedimiento de liquidación en Barbados como el procedimiento extranjero principal. Un proceso de descubrimiento de evidencia extensivo en Estados Unidos le siguió y todavía está en curso, al igual que el descubrimiento y rastreo continuo de otros activos potencialmente recuperables para el patrimonio. Una cuenta en Nueva York también fue identificada de la cual aproximadamente US$1 millón fueron recuperados.

Caso del Capítulo 15 emanando de una de las quiebras bancarias más grandes en la historia de Brasil

Representa al administrador judicial de Banco Santos, S.A. (en Liquidación). El caso siguió a una investigación que reveló que un ejecutivo del banco había perpetrado un robo de más de US$1,000 millones mediante un esquema complejo que involucraba varios países. Sequor Law inició un procedimiento de insolvencia bajo el Capítulo 15 del  Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Mediante la acción del Capítulo 15 y su reconocimiento correspondiente, el Dr. Vanio Aguiar obtuvo valiosa evidencia localizada en Estados Unidos y alrededor del mundo, la cual contribuyó a sus esfuerzos, incluyendo la recuperación de obras de arte valoradas en millones de dólares. Adicionalmente, varios millones de dólares fueron recuperados en un caso auxiliar en contra de terceras partes mediante un acuerdo confidencial.

Caso transfronterizo brasileño de insolvencia con más de 300 deudores relacionados

Representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Petroforte, parte de un gran grupo de empresas comerciales en Brasil, fracasó, se declaró insolvente y está sujeto a un procedimiento de insolvencia en Brasil. Un Administrador Judicial fue nombrado para supervisar los negocios de Petroforte y la bancarrota se ha extendido a más de 300 entidades e individuos. Sequor Law presentó una aplicación en Estados Unidos solicitando la declaración de testimonios y la producción de evidencia, y se iniciaron procedimientos equivalentes en otros países del Caribe y Centroamérica. La firma logró obtener importantes declaraciones juradas y recolectar evidencia documental para asistir al Administrador Judicial con sus esfuerzos en Brasil. Dependiendo de los resultados de ciertos procedimientos en Brasil, los litigios adicionales en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos mediante una solicitud bajo el Capítulo 15 de la Ley de Bancarrota, podrían resultar en la identificación y recuperación de activos adicionales.